Ajustes Previsionales: Los Jubilados Siempre Pierden

Dentro del gasto nacional, o sea sin el que incurren las provincias, Seguridad Social es el rubro que más recursos se lleva.

El Presupuesto 2022, que al final ha sido rechazado por el Congreso, estima que el 54% del gasto se destina a Seguridad Social y, de esto, la mayoría corresponde a jubilaciones y pensiones. Por dicha razón, cada vez que la deficiencia fiscal entra en la mira, el sistema de pensiones tiene todos los números para el “sorteo del ajuste”.

Las últimas 2 gestiones han introducido cambios en la manera en que se mueven los haberes. Y si bien estas reformas se venden como un mecanismo para mejorar a los jubilados, no son más que otra forma de descargar el gasto disimuladamente.

Pero los ajustes del gasto previsional no fueron propios de los últimos gobiernos. Hace años -en realidad más que años, décadas- que este truco se vino usando. Para no desempolvar los hechos de casi un siglo atrás, se puede comenzar lejos, pero no tan lejos.

A menos de un año de la reforma del sistema en 1994, que había predeterminado que los haberes se ajustaban conforme con la alteración de los aportes jubilatorios promedio al sistema -algo así como ajustar por salarios-, la cláusula se reemplazó por ajustes ad-hoc. Esto dejó servida en bandeja la política fundada a partir de 2002 en adelante.

Sin regla fija, los ajustes fueron discrecionales y hasta 2006 los aumentos solo fueron para la jubilación mínima.

Sin regla fija, los ajustes fueron discrecionales y hasta 2006 los aumentos solo fueron para la jubilación mínima -que en aquel entonces representaba en torno al 22% de los beneficiarios- de esta forma, a medida que el haber en esa franja subió 94% en términos reales entre 2002 y 2009, para lo demás cayó un 20% su poder adquisitivo.

Dichos aumentos a dedo causaron que jubilados que estaban por arriba de la mínima terminaran siendo integrados en aquel conjunto mientras el haber más bajo se acercaba al resto que se mantenía en términos nominales.

De 2009 en más, los haberes se ajustaron automáticamente con una fórmula que promediaba inflación con salarios, mitad y mitad, ajuste que se mantuvo hasta 2017. A lo largo de este lapso, las jubilaciones crecieron del 13% en términos reales, pero esos con niveles de ingreso mejores a la mínima nunca recuperaron lo perdido en la fase anterior, dando origen a juicios previsionales contra el Estado.

En 2017, se expone un cambio en la fórmula. Bajo el argumento de mejorar a los jubilados, se planteó que comenzaran a desplazarse con la inflación, aunque se concluyó negociando que se computara 70% por la alteración del Índice de Precios al Consumidor del Indec y 30% por el incremento de salarios formales (Ripte).

Detrás de esto estaba la iniciativa de que la inflación se va a ir disminuyendo y, de esta manera, la movilidad tendería a ser menor, aunque este efecto recién se vería a mediano plazo.

En 2020, apenas asumió, el nuevo Gobierno propuso la necesidad de un nuevo cambio, para lo que se tomó un año para aprender el tema, a lo largo del cual los aumentos fueron discrecionales y, de nuevo, provocaron diferencias entre la mínima y lo demás.

Al final, a partir del año de análisis para hallar una solución superadora, se retornó a la misma ecuación que regía hasta 2017. Si bien se publicitó como un cambio para mejorar las pensiones, se puso en marcha justo una vez que, curiosamente, las altas tasas de inflación pasadas indicaban aumentos especialmente elevados, complicando el escenario del gasto y del déficit.

El promedio del haber mínimo de 2021 concluyó siendo 5% menor que el de 2009, y además el más bajo a partir de 2006 en términos reales.

Comparando diciembre de 2020 con el del año anterior, la nueva fórmula representó un ajuste menor, 35,4% (en la situación de la mínima, las más altas han tenido incrementos más bajos) versus 40,2%. Todo lo mencionado con una inflación del 34,8%.

No obstante, en 2021 las cosas resultaron viceversa, y la nueva modalidad llevó a un más grande incremento del que hubiera correspondido: 52,7% versus 50%. Esto con una inflación de 52,2 por ciento.

Yendo para atrás, 2018 y 2019 además arrojaron incrementos más grandes con el ajuste de la gestión anterior, sencillamente pues la expectativa de reducción de la inflación no ocurrió.

¿Cuál fue la mejor regla de ajuste?

Ni una en especial. Cada regla está diseñada para un entorno distinto: si se esperan elevados incrementos del sueldo real y baja inflación, es posible que la movilidad que rige ahora -que ha sido la misma que estuvo al mando en el lapso 2009 a 2017- de aumentos más grandes que la anterior y a la inversa.

¿Pero, finalmente, cómo han quedado los jubilados a partir de que se establecieron normas de movilidad? Peor. El promedio del haber mínimo de 2021 concluyó siendo casi un 5% menor que el de 2009 y, además, el más bajo a partir de 2006.

Esto todavía con cada una de las políticas de redistribución que brindaron aumentos más elevados a la jubilación mínima, lo que sugiere que a los beneficiarios con haberes mejores les había ido todavía peor.

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